La Contraloría indicó que el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PINE) ha sido ineficiente en sus objetivos fundamentales, ya que para 2023 solo había cumplido con el 14% de la meta inicial de aulas construidas para 2030.

Según la entidad, solo se han entregado 7.358 aulas de las 51.134 necesarias para implementar la Jornada Única de los establecimientos educativos oficiales en todo el territorio nacional.

Los 329 proyectos concluidos hasta 2023 representan solo el 9.6% de la Jornada Única en el sector oficial.

Por otra parte, de los de los 525 proyectos ejecutados y en ejecución, el 74,5% corresponden a zonas urbanas, frente al 25,5% de zonas rurales, en contraste con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que enfatizaba la necesidad de priorizar las áreas rurales.

La viabilización de predios también afectó las metas, ya que hubo una disminución de proyectos, pasando del 72% en la primera convocatoria a solo 15%.

Te puede interesar: Falleció Edgardo Schemel, leyenda del sóftbol colombiano

La evaluación al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa identificó 90 hallazgos en supervisión y 66 en cumplimiento de contratos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y asegurar el cumplimiento efectivo de los términos contractuales.

Entre 2020 y 2023, los hallazgos fiscales sumaron $40 mil millones, con mayor incidencia en la región Centro Oriente ($26 mil millones), seguida por el Eje Cafetero y Centro Sur ($7 mil millones y $3 mil millones, respectivamente). Además, 17 hallazgos subrayan la importancia de mantener y operar adecuadamente las instalaciones escolares para asegurar la efectividad de las inversiones a largo plazo.

Te puede interesar: Inició la instalación de paneles en el primer parque solar de Barranquilla

La Contraloría investigó 318 proyectos educativos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (FFIE) 2015-2018, detectando graves irregularidades. Profirió fallos de responsabilidad fiscal por más de $20 mil millones. Las irregularidades incluyen 23 proyectos abandonados, sobrecostos en 136 proyectos, pagos excesivos en 70 obras, y costos desproporcionados en 179 proyectos de interventoría. 

Por último, el órgano de control destacó que gracias a su intervención 57 de 80 instituciones inicialmente abandonadas fueran terminadas y puestas en funcionamiento.